EXP. N.° 03067-2007-PA/TC
LIMA
RICARDO TORRES
ESTRADA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 13 días del mes
de mayo de 2009, la Sala
Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los
magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia
la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso
de agravio constitucional interpuesto por don Ricardo Torres Estrada contra la
sentencia de la Sexta Sala
Civil de la Corte
Superior de Justicia de Lima, de fojas 176, su fecha 13 de
marzo de 2007, que declara improcedente la demanda de autos.
ANTECEDENTES
El recurrente interpone demanda
de amparo contra la Oficina
de Normalización Previsional (ONP), solicitando que
se declare inaplicable la
Resolución 0000032351-2005-ONP/DC/DL 19990, de fecha 15 de
abril de 2005, y que, en consecuencia se le reconozcan 6 años y 9 meses de
aportaciones adicionales. Asimismo, solicita que se recalcule su pensión de jubilación
en base a la remuneración de referencia producto de los 36 meses anteriores al
cese y no de los 60 meses, como erróneamente se ha considerado; con el pago de
los devengados, los intereses legales, las costas y los costos del proceso.
La
emplazada contesta la demanda alegando que la pretensión del demandante no está
referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a
la pensión, por lo que debe ser ventilada en la vía ordinaria.
El Sexagésimo Quinto Juzgado
Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 26 de abril de 2006, declara
infundada la demanda estimando que los documentos presentados por el actor no
son idóneos para acreditar los años de aportación que alega haber efectuado.
Asimismo, señala que la forma de cálculo de la pensión de jubilación del actor
es correcta, toda vez que se ha aplicado el Decreto Supremo 099-2002-EF, norma
vigente a la fecha de contingencia.
La Sala Superior
competente, revocando la apelada, declara improcedente la demanda considerando
que la pretensión del recurrente no se encuentra comprendida dentro del
contenido constitucionalmente del derecho fundamental a la pensión, toda vez
que no existe vulneración del derecho concreto al mínimo vital.
FUNDAMENTOS
Procedencia de la demanda
1.
En atención a los
criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, que
constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo dispuesto en el
artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1), y 38 del
Código Procesal Constitucional, este tribunal estima que, en el presente caso,
aún cuando en la demanda se cuestione la suma específica de la pensión que
percibe el demandante, resulta procedente efectuar su verificación por las
especiales circunstancias del caso (grave estado de salud del demandante), a
fin de evitar consecuencias irreparables.
Delimitación del petitorio
2.
En el presente
caso, el demandante pretende que se le reconozcan 6 años y 9 meses de
aportaciones adicionales y se recalcule su pensión de jubilación tomando como
base la remuneración de referencia producto de los 36 meses anteriores al cese.
Análisis de la
controversia
3.
En cuanto al reconocimiento
de las aportaciones, cabe señalar que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC, este
Colegiado ha establecido como precedente vinculante las reglas para acreditar
periodos de aportaciones en el proceso de amparo, detallando los documentos
idóneos para tal fin.
4.
El recurrente alega
haber efectuado 36 años y 9 meses de aportaciones al Sistema Nacional de
Pensiones. Al respecto, debe indicarse que de la resolución que le otorgó
pensión de jubilación adelantada, obrante a fojas 3, se desprende que la
emplazada le reconoció 30 años completos de aportaciones.
5.
Al respecto, cabe
precisar que el inciso d), artículo 7, de la Resolución Suprema
306-2001-EF, Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), dispone que la emplazada debe “Efectuar
la verificación, liquidación y fiscalización de derechos pensionarios que sean necesarias
para garantizar su otorgamiento con arreglo a Ley”.
6.
Asimismo, el
planteamiento utilizado por este Tribunal Constitucional para evaluar el
cumplimiento del requisito relativo a las aportaciones dentro del Sistema
Nacional de Pensiones se origina en al comprobación de la vinculación de
naturaleza laboral entre el demandante y la entidad empleadora, y la
consecuente responsabilidad, de origen legal, de esta última en el pago de los
aportes a la entidad previsional. En efecto, a partir
de la previsión legal contenida en los artículos 11 y 70 del Decreto Ley 19990,
concordante con el artículo 13 del indicado texto legal, este Colegiado ha
interpretado de manera uniforme y reiterada que las aportaciones de los
asegurados obligatorios deben tenerse por realizadas al derivarse de su
condición de trabajadores.
7. En este sentido, a efectos de
acreditar la totalidad de las aportaciones que alega haber efectuado, el
demandante ha presentado copia simple de los siguientes documentos:
a)
Certificado de
trabajo expedido por la Caja
de Beneficios Sociales del Vareador en Liquidación, obrante a fojas 14, en el
que se indica que el recurrente laboró como obrero, de manera interrumpida,
desde el 30 de mayo de 1965 hasta el 27 de enero de 1996. No obstante, cabe señalar que el
mencionado certificado no genera convicción en este Colegiado, toda vez que no
es posible establecer el cargo de la persona que lo expide y si cuenta con
poderes para tales efectos; no existiendo además, ningún otro documento que
sustente el total de las aportaciones efectuadas durante los referidos periodos.
b) Libro de Salarios I correspondiente
a F. Ferrando Bravo, corriente de fojas 35 a 41, del que se desprende que el
demandante laboró como vareador del 1 al 31 de agosto de 1963 y del 1 de marzo
al 4 de abril de 1964. Al respecto debe indicarse que las aportaciones
efectuadas en el año 1964 han sido debidamente reconocidas por la emplazada de
conformidad con el Cuadro Resumen de Aportaciones (f. 7).
c)
Certificado de trabajo
expedido por la Caja
de Beneficios Sociales del Vareador, en Liquidación, obrante a fojas 49, en el que se indica que el demandante laboró
para el señor Bernardino López Rodríguez, como obrero desde el “24 de agosto
de hasta el 17 de marzo de 1990”. Dicho documento no causa certeza en este
Colegiado pues no se puede desprender con certeza el periodo laborado por el
actor, y por otro lado, porque no es posible establecer el cargo de la persona
que lo expide y si cuenta con poderes para tales efectos.
d)
Libro de Salarios I
correspondiente a Bernandino López Rodríguez, obrante de fojas 50 a 56, en el
que se indica que el demandante laboró como vareador del 24 de agosto al 27 se setiembre de 1986 y del 25 de febrero al 17 de marzo de
1990. No obstante, cabe señalar que las aportaciones efectuadas en el año 1986
han sido debidamente reconocidas por la emplazada de conformidad con el Cuadro
Resumen de Aportaciones. De otro lado, respecto de las aportaciones efectuadas
en el año de 1990, este Colegiado no tiene certeza que dentro del periodo
mencionado en el Libro de Salarios se encuentre la semana de aportaciones que
no ha sido reconocida por la ONP.
8. En tal sentido, se advierte que
a lo largo del proceso, el actor no ha adjuntado documentación idónea que
acredite los 6 años y 9 meses de aportaciones que alega haber efectuado, ni el
vínculo laboral con sus empleadores, por lo que se trata de una controversia
que debe ser dilucidada en un proceso que cuente con etapa probatoria, de
conformidad con lo establecido por el artículo 9 del Código Procesal
Constitucional, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho del recurrente para
que lo haga valer en la vía correspondiente.
9. En cuanto a la forma de cálculo
de la pensión de jubilación del demandante, debe precisarse que el Decreto
Supremo 099-2002-EF estableció en su artículo 2 que “la remuneración de
referencia para los asegurados facultativos y obligatorios a los que se
refieren los incisos a) y b), respectivamente, del artículo 4 del Decreto Ley
19990, es igual al promedio mensual que resulte de dividir entre sesenta (60),
el total de remuneraciones o ingresos asegurables, percibidos por el asegurado
durante los últimos sesenta (60) meses consecutivos inmediatamente anteriores
al último mes de aportación”. El referido decreto entró en vigencia el 12
de junio de 2002, y es aplicable, de conformidad con su artículo 5 a los
trabajadores que hayan nacido con posterioridad al 1 de enero de 1947.
10. En el Documento Nacional de Identidad de fojas 2 y en la resolución cuestionada
(f. 3) consta que el recurrente nació el 7 de febrero de 1947 y que cesó en sus
actividades laborales el 31 de enero de 2003, por lo que le es aplicable la
forma de cálculo establecida en el Decreto Supremo 099-2002, vigente a la fecha
de contingencia; y evidenciándose de la
Hoja de Liquidación obrante a fojas 5, que la emplazada ha
efectuado debidamente el cálculo de la pensión de jubilación del recurrente,
corresponde desestimar este extremo de la demanda.
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú.
HA
RESUELTO
1.
Declarar IMPROCEDENTE
la demanda respecto al reconocimiento de 6 años y 9 meses de aportaciones
adicionales, dejando a salvo el derecho del demandante para hacerlo valer en la
forma correspondiente.
2.
INFUNDADA en cuanto al recálculo de la
pensión de jubilación del demandante.
Publíquese y notifíquese.
SS.
LANDA ARROYO
BEAUMONT CALLIRGOS
ETO CRUZ
